Con respecto a la relación entre las armas y las elecciones, Sarmiento promovió reformas importantes respecto de la Guardia y del Ejército de Línea.[1] Este último fue ubicado rápidamente en los límites de la vida electoral y pública. En 1873, Sarmiento propuso analizar los comportamientos de los jefes militares en relación con la acción política, profundizar los castigos para aquellos que hacían uso de su rango con fines partidarios y catalogar a estos delitos como delitos civiles. Todo esto se planteó siguiendo el ejemplo de la ley sancionada en Estados Unidos en 1865: «Una declaración semejante de nuestra ley bastaría para contener abusos que la autoridad no puede estorbar, porque disimulándose con necesidad de servicio militar y conectada la iniciativa con los derechos del ciudadano, escapan a todo procedimiento bajo el imperio de las ordenanzas militares, y si en el calor con que los hombres toman las cuestiones políticas el temor de las penas no...