Guardia Civil

Historia

Sus antecedentes han sido señalados por Ramón Salas Larrazábal, quien ha indicado que ya en la Edad Media hubo diversos cuerpos a los que se dio misiones análogas, el principal de los cuales fue la Santa Hermandad, cuyos orígenes se remontan al s. XIII, en Toledo, aunque más tarde sus competencias se extendieron a todo el reino de Castilla y León. En Aragón existieron los Guardas del Reino o Guardas del General; en Cataluña, el Somatén y los Mozos de Escuadra; en Valencia se crearon en 1774 los Miñones, extinguidos en 1860; y en Andalucía, las Compañías de Escopeteros de Getares para vigilar la costa y la línea de Gibraltar, y los Escopeteros Voluntarios de Andalucía, desaparecidos tras la Guerra de la Independencia (1808-1814). En 1823 se fundó un cuerpo de seguridad pública constituido por los “celadores reales”, de los que se preveía que existiera uno en cada provincia, si bien todo se redujo a la creación de “una compañía suelta” en Madrid y una compañía de a pie y otra a caballo para prestar servicio de escoltas. En II-1833, al final del reinado de Fernando VII (1814-1833), se ordenó la constitución del Cuerpo de Salvaguardias Reales, dependiente de la Superintendencia de Policía de Madrid y constituido por 500 hombres; en los años siguientes su organización se extendió por todo el territorio nacional y alcanzó una plantilla de 10.000 hombres. En el transcurso de la I Guerra Carlista (1833-1840) se autorizó (III-1834) a los capitanes generales para organizar dentro de sus demarcaciones compañías francas y aumentar el número de migueletes y escopeteros para luchar contra las partidas carlistas. Sin embargo, en este periodo la institución encargada de mantener el orden público fue la Milicia Nacional, cuyo origen, al igual que el de la Guardia Civil, está en el proceso de formación del Estado liberal, si bien sus características fueron diferentes: mientras la Milicia Nacional respondía a una concepción liberal progresista y descentralizadora del Estado, la Guardia Civil fue creada por el liberalismo moderado como instrumento del centralismo estatal. Desde las Cortes de Cádiz (1812) el liberalismo había buscado un equilibrio entre una centralización destinada a acabar con el poder de las oligarquías locales y una descentralización orientada a facilitar la participación política popular, sobre todo a través de los ayuntamientos electivos; en estas circunstancias, la Milicia Nacional se convirtió en una de las principales manifestaciones del poder local popular frente a las tendencias liberales centralizadoras. Tras la regencia del general Espartero (1840-1843) y la proclamación de la mayoría de edad de Isabel II (8-XI-1843), la vuelta al poder de los liberales moderados les permitió desarmar (a partir de 24-VII-1843) y, posteriormente, disolver (R.O. de 1-II-1844) la Milicia Nacional. El vacío dejado por ésta fue aprovechado por el Gobierno presidido por Luis González Bravo (1 -XII- 1843-3-V-1844) para constituir un cuerpo de seguridad y orden público que dependiera directamente del Gobierno y, consecuentemente, pudiera ser utilizado como elemento centralizador, en detrimento de los poderes municipales. El Decreto de Seguridad Pública de 26-I-1844, elaborado por Patricio de la Escosura, anunciaba la creación de un cuerpo de seguridad sujeto a las ordenanzas militares, aunque únicamente en lo concerniente a su organización y disciplina; la disposición fue aprobada el 1-III-1844. Ésta dio lugar a la creación de la Guardia Civil mediante el Decreto de 28-III-1844, en el que fue definida como “un cuerpo especial de fuerza armada de Infantería y Caballería, bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación y de la Península”. Tácticamente se organizó en tercios, compañías, secciones y brigadas; varias compañías o escuadrones formaban una comandancia, y varias comandancias un tercio, unidad superior del Cuerpo. Sus misiones fundamentales eran el mantenimiento del orden público y la represión del bandolerismo (v.). El decreto gubernamental tenía una triple finalidad: en primer lugar, restablecer el aparato de orden público que Espartero había disuelto en 1840; en segundo lugar, reservar a la autoridad gubernativa las competencias de policía y seguridad pública, que con la creación de la Milicia Nacional había sido asumida por los alcaldes electos; y, en tercer lugar, se pretendía crear un entramado de poder que permitiese extender la acción del Gobierno a todo el territorio nacional. Con esta última cuestión González Bravo pretendía equilibrar el poder civil del Estado con el militar, es decir, su intención era que el Ejército se mantuviera como elemento de reserva, sin protagonismo político directo, mientras que la Guardia Civil se constituía como cuerpo intermedio entre el Gobierno y el ciudadano, a las órdenes del Ministerio de la Gobernación y con la misión de actuar como fuerza especial para garantizar el orden y la seguridad pública. La delimitación de la dependencia de la Guardia Civil del Ejército originó una gran polémica entre los miembros del Gobierno, puesto que mientras González Bravo y José Justiniani (ministro de Gobernación) abogaban por su separación, Mazarredo (Guerra) y Filiberto Portillo (Marina), eran partidarios de que aquélla quedase subordinada al estamento militar. Finalmente triunfó la primera tesis, por lo que se suprimió un artículo acordado inicialmente por el que la Guardia Civil quedaba integrada en el Ejército; además se estableció que “los oficiales de la Guardia Civil no puedan volver al Ejército, dándoseles salida en la carrera de la administración [civil] en los ramos de correos, protección y seguridad pública, telégrafos, etc.”. El 12-IV-1844 la reina Isabel II expidió el R.D., refrendado por González Bravo, que mandaba organizar la Guardia Civil, primer intento de crear un cuerpo armado de elite al servicio de la Administración, con posibilidades de competir con el único cuerpo funcionarial que hasta esos momentos existía en el Estado, los oficiales militares de carrera.

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