Origen y justificación legal La justificación de este impuesto se basaba en un principio jurídico medieval castellano que dictaba que todas las minas y tesoros ocultos en el subsuelo pertenecían, por derecho inherente y soberano, al monarca. En el contexto americano, la Corona (a partir de 1504) se dio cuenta de que no tenía la capacidad logística, humana ni tecnológica para explotar por sí misma la inmensidad de los yacimientos minerales que se iban descubriendo. Por ello, optó por un sistema de concesiones: renunció a la propiedad física de las minas, cediendo su explotación directa a empresas privadas y súbditos particulares, pero a cambio se reservó el derecho inalienable de cobrar este "quinto" sobre la producción bruta.